STS de 9 de mayo de 2013

STS de 9 de mayo de 2013

STS de 9 de mayo de 2013. SOBRE CLÁUSULAS ABUSIVAS

La interpretación que la STS de 9 de mayo de 2013 hace de una cláusula, incluida dentro de las condiciones generales, como es la cláusula suelo, pero que, no obstante, a pesar de ser no negociada, como corresponde a toda cláusula o condición general, es sin embargo considerada por la mencionada sentencia como esencial al interpretarse como definidora del objeto principal del contrato, es decir, del precio.

            Así se expresa en este sentido: “Sin embargo, el hecho de que una cláusula sea definitoria del objeto principal no elimina totalmente la posibilidad de controlar si su contenido es abusivo”.  Ello reconociendo que la regla no es esa: “Es cierto que, como regla, no es susceptible de control, ya que el considerando decimonoveno de la Directiva 93/13 indica que»[…] la apreciación del carácter abusivo no debe referirse ni a cláusulas que describan el objeto principal del contrato ni a la relación calidad/precio de la mercancía o de la prestación», y el artículo 4.2 que»[L]a apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida […]».                              

            Asimismo, continúa diciendo la Sentencia, citando al Tribunal de Justicia Europeo, “Pero, como sostiene la STJUE de 3 de junio de 2010, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, C-484/08, apartado 40″[…]no se puede impedir a los Estados miembros que mantengan o adopten, en todo el ámbito regulado por la Directiva, incluido el artículo 4, apartado 2, de ésta, normas más estrictas que las establecidas por la propia Directiva, siempre que pretendan garantizar al consumidor un mayor nivel de protección«, y, según el apartado 44, los artículos 4, apartado 2, y 8 de la Directiva deben interpretarse en el sentido de que«[…] no se oponen a una normativa nacional […], que autoriza un control jurisdiccional del carácter abusivo de las cláusulas contractuales que se refieren a la definición del objeto principal del contrato o a la adecuación entre, por una parte, precio y retribución y, por otra, los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, aunque estas cláusulas estén redactadas de manera clara y comprensible».

            En definitiva, como se dirá más adelante, la legislación de los Estados puede ir más allá de lo estipulado por la Directiva siempre y cuando lo que se pretenda sea garantizar una mayor protección a los consumidores.

Sobre la consecuencia de la consideración de una cláusula como abusiva en un contrato, el artículo 6.1 de la Directiva establece que “Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas.”

Del mencionado precepto dos cuestiones adquieren importancia: la no vinculación del consumidor respecto de las cláusulas abusivas, así como la plena eficacia u obligatoriedad del contrato si puede subsistir sin dichas cláusulas abusivas.         

La no vinculación, entendida según las condiciones estipuladas por el derecho nacional de cada Estado, implica, en nuestro caso, hablar de la nulidad de pleno derecho de las mismas, de la competencia para establecerla, etc.…cuestiones en las que existe divergencia de opiniones en nuestro Derecho, como analizaremos en detalle más adelante.

La Directiva declara, en el artículo 7.1, su deseo de eliminación de cláusulas abusivas en los contratos: “Los Estados miembros velarán por que, en interés de los consumidores y de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores.”

            Cabría aquí preguntarse si se ha hecho lo suficiente en nuestro país para dar cumplimiento a esta norma, transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico desde 1998, si tomamos en consideración la constatación, por parte de la STJUE de 14 de marzo de 2013, caso Aziz, de la oposición del derecho español en materia hipotecaria a la Directiva. Parece claro que, al menos hasta 2013, el balance respecto a la cesación de dichas cláusulas no es positivo para nuestro país.

            Por último, señalar que la Directiva supone una regulación inicial y de mínimos de estas cláusulas abusivas que debilitan los derechos de los consumidores, dejando en manos de los Estados, en sus respectivas regulaciones nacionales, superar ese nivel mínimo para alcanzar una mayor protección de aquellos, tal y como recoge su artículo 8: “Los Estados miembros podrán adoptar o mantener en el ámbito regulado por la presente Directiva, disposiciones más estrictas que sean compatibles con el Tratado, con el fin de garantizar al consumidor un mayor nivel de protección.”     

            Un ejemplo de esta superación del nivel de protección de la Directiva podría constituirlo lo resuelto por la STS de 9 de mayo de 2013 citada, en la medida en que considera abusiva por falta de transparencia una cláusula suelo, admitida por la propia Sentencia como cláusula esencial por definitoria del objeto principal del contrato, sobrepasando con ello, el artículo 4.2 de aquella, como se ha comentado anteriormente.

            Sin embargo, haciendo honor a la verdad, cabe decir que quizás tenga más peso en nuestro país, hasta el momento, la insuficiencia de nuestro Derecho para llegar al mínimo exigido por la Directiva que la superación del nivel de protección de ésta.