ESPECIAL TRASCENDENCIA CONSTITUCIONAL

ESPECIAL TRASCENDENCIA CONSTITUCIONAL

Especial trascendencia constitucional

Tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (LOTC), la interposición, admisión a trámite, tramitación y resolución del Recurso de Amparo se rigen por la nueva regulación y en ella se introduce una precisión: “en todo caso, la demanda “justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”. Así mismo dispone que ésta ha de atender a tres criterios: “a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”.

En este sentido la reforma produjo una enorme inseguridad jurídica pues todo lo hace depender de un concepto jurídico indeterminado al que no se le dota de contenido.: “la especial trascendencia constitucional”.

Para el Tribunal Constitucional “Es requisito insubsanable y común a todas las modalidades de recurso de amparo que el demandante justifique la especial trascendencia constitucional del recurso. Se trata de un requisito que no cabe confundir con el de la propia fundamentación de la lesión constitucional denunciada, de modo que la carga de justificar la especial trascendencia constitucional del recurso es algo distinto a razonar sobre la existencia de la vulneración de un derecho fundamental por el acto o la decisión impugnado”.[1]

La STC 128/2014, de 21 de julio, en su FJ 2 c), recapitula la doctrina constitucional vertida hasta esa fecha sobre el alcance del requisito de la especial trascendencia constitucional.

En primer lugar, en su afán de concreción, el TC hace referencia a la STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2, en el que pone en conocimiento de los operadores jurídicos una relación no cerrada de supuestos en los que, a su parecer, concurriría el citado requisito.

Por otro lado, recuerda la STC 118/2014, de 8 de julio, FJ 2, “la demanda de amparo no tiene que ajustarse a un modelo rígido, pero sí responder a los «cánones propios de este tipo de escritos procesales».

Respecto a la vulneración de los derechos fundamentales, hace referencia a algunas sentencias que concluyen que “ no basta argumentar la existencia de la vulneración de un derecho fundamental”,  es preciso que “en la demanda se disocie adecuadamente la argumentación tendente a evidenciar la existencia de la lesión de un derecho fundamental —que sigue siendo, obviamente, un presupuesto inexcusable en cualquier demanda de amparo— y los razonamientos específicamente dirigidos a justificar que el recurso presenta especial trascendencia constitucional».

El TC establece que, en consecuencia, «la exposición sobre la verosimilitud de la lesión del derecho fundamental no puede suplir la omisión de una argumentación expresa sobre la trascendencia constitucional del recurso de amparo» Y tampoco satisface una «simple o abstracta mención» de la especial trascendencia constitucional.

Por cierto, y en relación con la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 20 de enero de 2015, en la Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente a 2017 consta en su introducción:

“Pocas novedades incorpora la misma aunque, en la presente, como ya sucediera en la de los años precedentes, en la parte dedicada al derecho procesal constitucional, en recursos de amparo, no se haga referencia específica a la reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 2 de octubre, del Tribunal Constitucional (en adelante, LOTC), operada por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, aunque se siga insistiendo en el examen de las resoluciones dictadas por el Tribunal sobre novedades introducidas por dicha reforma, en especial, sobre el nuevo requisito de admisibilidad de las demandas de amparo, la especial trascendencia constitucional, su justificación y supuestos de apreciación por parte del Tribunal Constitucional, que ha adquirido un mayor protagonismo, tras el dictado de la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 20 de enero de 2015, en el asunto Arribas Antón c. España (§46) que exige explicitar no sólo los criterios de definición del requisito de la especial trascendencia constitucional, sino también su aplicación en los asuntos que se admitan a trámite, con el fin de asegurar una buena administración de la Justicia”.

[1] https://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/Composicion-Organizacion/competencias/Paginas/04-Recurso-de-amparo.aspx (2016)